Efectivos de la Policía del Chubut realizan patrullajes y tareas de seguridad para Pan American Energy dentro de yacimientos ubicados en territorio santacruceño. La información reunida da cuenta de ingresos por picadas y caminos internos de las áreas operadas por la compañía, sin atravesar los controles habituales y sin una autorización institucional conocida que respalde el despliegue.
Los recorridos se realizan sin móviles claramente identificados como pertenecientes a la fuerza. Tampoco se conoce la existencia de un convenio interprovincial, una orden judicial, un pedido formal de colaboración o una comunicación a las autoridades de Santa Cruz.
La cooperación entre policías de distintas provincias puede existir, pero requiere mecanismos formales y respeto por las competencias territoriales. Sin una habilitación expresa, la fuerza chubutense no tendría facultades ordinarias para patrullar, identificar personas, impartir órdenes o intervenir dentro de Santa Cruz.
Hasta ahora no se informó quién ordenó el despliegue, desde cuándo se realiza, en qué áreas intervienen los agentes ni qué funciones cumplen. Tampoco se exhibieron órdenes de servicio, convenios o comunicaciones oficiales que expliquen su presencia en los yacimientos operados por PAE.
Otro aspecto sin aclarar es bajo qué modalidad trabajan los policías.
Puede tratarse de un servicio adicional u operativo organizado por la propia Policía del Chubut. En ese caso, falta conocer qué fundamento permitiría destinar efectivos, uniformes, armas y recursos públicos a custodiar instalaciones privadas dentro de otra provincia.
La otra posibilidad es que sean agentes contratados por PAE durante sus horas de franco para prestar seguridad privada. Si así fuera, no se conoce quién los contrató, bajo qué relación laboral trabajan, quién les imparte instrucciones ni qué habilitación poseen para realizar esas tareas dentro de Santa Cruz.
Tampoco está claro por qué, si actúan como particulares, utilizan uniformes, insignias o armas reglamentarias de la Policía del Chubut. Una prestación privada no puede confundirse con un operativo oficial ni otorgar facultades policiales fuera de la jurisdicción correspondiente.
En cualquiera de las dos modalidades, Pan American Energy es la beneficiaria directa del servicio y no puede aparecer como una parte ajena a su organización.
La situación también abre interrogantes sobre el empleo local. La Ley Provincial 3141 establece una prioridad del 90 por ciento para la contratación de mano de obra santacruceña. La utilización de agentes de otra provincia para realizar tareas de vigilancia podría estar desplazando trabajadores y empresas habilitadas en Santa Cruz.
La seguridad dentro de los yacimientos está alcanzada por el convenio colectivo de la actividad y por las normas provinciales que regulan la vigilancia privada. Quienes prestan esos servicios deben estar registrados, encuadrados y habilitados.
Los policías chubutenses podrían estar ocupando puestos correspondientes a trabajadores representados por la Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia. Resta establecer si hubo sustitución de vigiladores, contrataciones por fuera del convenio o incumplimientos laborales, salariales y previsionales.
La situación involucra directamente al Gobierno del Chubut. No está claro si el gobernador Ignacio Torres autorizó el despliegue o si la fuerza actuó sin conocimiento de la conducción política.
Si existió autorización, falta conocer bajo qué fundamento se destinaron recursos policiales a prestar seguridad para una empresa privada fuera de Chubut. Si no existió, queda abierta la pregunta sobre quién impartió las órdenes y cómo pudo desarrollarse el operativo sin control de las autoridades provinciales.
También aparecen alcanzados el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García. No se informó qué unidad interviene, cuántos efectivos fueron afectados, si ingresan con sus armas reglamentarias ni si recibieron instrucciones para identificar personas o actuar frente a protestas, asambleas o medidas gremiales.
El financiamiento es otro punto desconocido. No se sabe quién afronta salarios, adicionales, combustibles, móviles, viáticos y demás gastos. Tampoco si esos recursos provienen del Estado del Chubut, de Pan American Energy o de alguna contratista.
Pan American Energy no es una espectadora. Las tareas se realizan dentro de áreas administradas por la compañía y en beneficio directo de sus operaciones.
La empresa no informó quién solicitó la presencia policial, qué acuerdo mantiene con la fuerza chubutense, quién coordina los recorridos ni quién financia el servicio.
Marcos Bulgheroni tampoco explicó si conocía el esquema, quién lo autorizó dentro de PAE y mediante qué mecanismo la compañía obtuvo la intervención de policías chubutenses dentro de Santa Cruz.
PAE explota hidrocarburos santacruceños y sus operaciones se encuentran sometidas a las leyes, autoridades y controles provinciales. Los caminos internos y las instalaciones de los yacimientos no quedan fuera de la jurisdicción de Santa Cruz por estar administrados por una empresa privada.
El contexto laboral aumenta la gravedad del hecho. PAE ya fue cuestionada por trasladar personal desde Chubut para cubrir puestos dentro de Santa Cruz. Ahora también se denuncia la utilización de policías chubutenses para realizar tareas de vigilancia en áreas operadas por la compañía.
La presencia de una fuerza de otra provincia puede tener un efecto intimidatorio sobre trabajadores, delegados y representantes gremiales. También resta conocer si los agentes realizan tareas de observación, identificación o seguimiento y si su actuación guarda relación con protestas, asambleas o reclamos por inversión y empleo local.
La Fiscalía de Estado, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Santa Cruz tienen competencia para establecer el alcance del dispositivo, verificar qué documentación lo respalda y determinar si existen responsabilidades institucionales, laborales o penales.
La presencia de policías chubutenses realizando tareas de seguridad dentro de áreas operadas por PAE continúa sin una explicación oficial. No se conoce quién ordenó el despliegue, bajo qué modalidad trabajan los agentes, quién los coordina, quién lo financia ni qué funciones cumplen dentro de Santa Cruz.