SIPGER, Camioneros y UOCRA Zona Norte reclamaron el cumplimiento de la Ley 3141 tras el conflicto con Pan American Energy. La discusión vuelve a poner en el centro la defensa del trabajo local y la obligación de las empresas de respetar la normativa provincial.
Un conflicto en un yacimiento petrolero derivó en una discusión de fondo sobre el destino del empleo en Santa Cruz. La decisión de la operadora Pan American Energy de trasladar equipos y personal de otras provincias para sus tareas operativas reactivó el reclamo sindical por el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial 3141. Esta normativa, conocida como la ley del 90/10, establece la prioridad de contratación de mano de obra santacruceña en las actividades extractivas.
La respuesta inicial provino del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, conducido por Rafael Güenchenen. La entidad gremial dispuso una medida de fuerza orientada a exigir que la actividad se desarrolle bajo el marco jurídico vigente. Desde la conducción de la organización plantearon que las inversiones privadas deben reflejarse en oportunidades concretas para las comunidades locales y que la estabilidad laboral es un factor central que excede la discusión con una empresa o una actividad puntual.
“En el difícil contexto social y económico que vive Santa Cruz, el trabajo santacruceño se debe defender más que nunca. No puede haber inversión, producción ni reactivación pasando por encima de los trabajadores locales ni desconociendo la Ley 3141. Las leyes están para cumplirlas y las empresas deben entender que hay muchos trabajadores esperando por un trabajo”, sostuvo Güenchenen.
Desde el gremio petrolero remarcaron que la medida no expresa un rechazo a la inversión ni a la reactivación de la actividad. El planteo apunta a que cada avance operativo en Santa Cruz respete la mano de obra local y no deje afuera a los trabajadores santacruceños.
“Este reclamo no es contra la gente de Chubut ni contra ningún compañero de otra provincia. Es contra una decisión empresaria que desconoce una ley vigente y deja afuera a la mano de obra santacruceña”, sostuvo Güenchenen.
Sancionada originalmente en junio de 2010 y modificada en 2025 para elevar la exigencia al 90% de mano de obra local con seis años de residencia efectiva, la Ley 3141 cuenta desde el 20 de enero de 2026 con una reglamentación específica que obliga a las empresas a declarar sus nóminas a través del Sistema de Registro de Empleo Local, bajo control del Ministerio de Trabajo provincial. Sin embargo, los gremios advierten que las herramientas formales contrastan con una preocupante falta de fiscalización operativa en el territorio. La denuncia colectiva apunta a una flexibilización de hecho por parte de las autoridades provinciales, cuyas fallas en las auditorías y controles permiten el ingreso de mano de obra extraprovincial sin el control correspondiente.
Lejos de quedar encapsulada en el sector de los hidrocarburos, la controversia generó adhesiones en otros rubros industriales que observan la misma inacción estatal. El secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Cruz, Sergio Sarmiento, apuntó a la responsabilidad de la operadora y de la conducción empresaria de Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, en la escalada del conflicto. Según señaló, la decisión empresaria avanzó sin contemplar la realidad social, laboral y normativa de la provincia.
“Pan American Energy es la culpable. Desconocen lo que es Santa Cruz”, afirmó Sarmiento, al plantear que el escenario podría haberse evitado con diálogo previo y respeto institucional.
La medida también sumó el respaldo de la delegación de Zona Norte de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. A través de un pronunciamiento formal, la organización advirtió sobre los riesgos de convalidar esquemas de reactivación que prescindan de los trabajadores radicados en la zona.
“No podemos aceptar que la reactivación de la actividad se realice dejando de lado a la mano de obra local y desconociendo una ley que fue creada para proteger el empleo de nuestra gente”, expresó la UOCRA.
En esa línea, los sindicatos sostienen que el cumplimiento de la normativa no beneficia únicamente a los trabajadores petroleros, sino que impacta sobre la construcción, el transporte, el comercio y el conjunto de las actividades vinculadas al desarrollo productivo de Santa Cruz. Desde esa mirada, la defensa del trabajo local se convierte en una herramienta para fortalecer toda la economía provincial y asegurar que los recursos generados en el territorio también se traduzcan en oportunidades para las comunidades santacruceñas.
El malestar del frente sindical encuentra sustento en los antecedentes inmediatos de la actividad. Operativos de fiscalización realizados durante 2025 detectaron más de 1.100 trabajadores foráneos sin la residencia reglamentaria en diversas operaciones extractivas dentro de la provincia. Para las entidades gremiales, este indicador demuestra que el incumplimiento del cupo laboral no constituye un hecho aislado, sino una práctica recurrente que debilita el circuito económico de la región al transferir la masa salarial hacia otras provincias del país.
El debate actual evita la confrontación entre trabajadores de distintas provincias para enfocarse en la responsabilidad legal de las empresas y en la obligación de las autoridades políticas de hacer cumplir los marcos vigentes. En un contexto marcado por la incertidumbre económica y la retracción de inversiones, los sindicatos santacruceños consolidaron un frente común que evalúa el impacto de la actividad productiva no solo por el movimiento de capitales, sino también por el compromiso real del Estado en la protección de la mano de obra local.