El Gobierno de Santa Cruz presentó nuevas denuncias contra Pablo y María Grasso por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en Río Gallegos. Se amplió la documentación ante la Justicia con pruebas que detallan la omisión de normativas, el manejo discrecional de lotes y el perjuicio al Estado provincial.
El Ejecutivo Provincial, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), continúa con las acciones judiciales para esclarecer presuntas maniobras irregulares en la adjudicación de lotes en Río Gallegos durante las gestiones de Pablo y María Grasso. La investigación se centra en el manejo de tierras fiscales en Barrio El Faro, y expone un esquema de adjudicación arbitraria sin los debidos procesos administrativos.
Según la documentación presentada ante la Justicia, se formalizaron dos nuevas denuncias penales, cada una dirigida a los exfuncionarios, fundamentadas en los artículos 248 y 174 inciso 5° del Código Penal, que tipifican el incumplimiento de deberes de funcionario público y la administración fraudulenta de bienes del Estado.
El nuevo material probatorio profundiza las irregularidades en la adjudicación de terrenos, evidenciando un manejo discrecional y la omisión de requisitos esenciales. Según la investigación, se otorgaron lotes a beneficiarios que no cumplían con los requisitos administrativos establecidos por la normativa vigente, sin que se aplicaran los controles legales exigidos en estos procesos.
Además, se detectó que la asignación de tierras se realizó en plena campaña electoral de Pablo Grasso, lo que refuerza las sospechas sobre la utilización de recursos estatales con fines políticos. Asimismo, el informe señala la existencia de incompatibilidades legales y éticas en la distribución de lotes fiscales, profundizando el daño patrimonial al Estado y afectando la transparencia en la administración del suelo urbano.
Las nuevas denuncias presentadas profundizan las irregularidades ya informadas públicamente, incorporando elementos jurídicos y administrativos que refuerzan la gravedad del caso. Cabe recordar que Pablo Grasso ocupó la presidencia del IDUV entre 2015 y 2019, mientras que María Grasso estuvo al frente del organismo entre 2022 y 2023.
La actual gestión del IDUV ha avanzado en una auditoría integral sobre las adjudicaciones realizadas en los últimos años, con el objetivo de transparentar el manejo del suelo urbano y garantizar que la asignación de lotes se realice con equidad y conforme a la normativa vigente.
El Gobierno de Santa Cruz ratificó su compromiso de continuar con el ordenamiento y la regularización de la entrega de tierras fiscales, con el objetivo de evitar que el acceso a un derecho fundamental como la vivienda se convierta en una herramienta de uso discrecional con fines políticos o sectoriales.